La iniciativa recibió el respaldo de los diputados Miguel Ángel Pichetto, Ricardo López Murphy, Florencio Randazzo, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Francisco Morchio, Ignacio García Aresca y Jorge Ávila, quienes aportaron sus firmas.

El proyecto de ley propone la incorporación de mecanismos de control profesional y alertas tempranas para el manejo de enfermedades psiquiátricas y adicciones, así como un acompañamiento efectivo a los familiares de los pacientes. De esta manera, se busca ofrecer una red de apoyo más sólida y efectiva, mejorando significativamente la calidad de vida de los afectados y sus familias. “La inclusión de estos mecanismos en la legislación no solo apunta a una intervención temprana, sino también a la prevención de crisis severas”, señaló.

También se plantea la modernización de las internaciones y tratamientos, promoviendo su realización en instituciones intermedias que ofrezcan un ambiente adecuado y respetuoso de los derechos de los pacientes. “Estas instituciones, como hogares de día y casas de medio camino, proporcionarán terapias avanzadas y un entorno propicio para la recuperación, alejándose de los modelos tradicionales que han demostrado ser ineficaces e incluso perjudiciales”, precisó.

Otro aspecto fundamental es la revisión y mejora del proceso judicial para la declaración de incapacidad o restricción de capacidad. La nueva legislación exigirá que los jueces y equipos interdisciplinarios realicen visitas a los lugares de residencia o internación de los pacientes, asegurando una evaluación más humana y precisa. Asimismo, se busca que los procesos judiciales sean más ágiles y menos burocráticos, con el juez tomando un rol activo en la renovación de las declaraciones de incapacidad, liberando a las familias de trámites engorrosos.

Además se contempla la creación de una página web y un canal de atención para asistir a personas en crisis y a sus familiares, facilitando el acceso a información y apoyo inmediato en situaciones de urgencia.

Asimismo, establece que los costos de los tratamientos sean cubiertos por las instituciones tratantes para aquellos pacientes que no cuenten con obra social o medios económicos. En estos casos, se podrá solicitar judicialmente que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.P.) u otras instituciones públicas brinden la cobertura necesaria, asegurando así que todos los pacientes tengan acceso a los cuidados que necesitan sin importar su situación económica.

Para financiar estas importantes reformas, se propone un adicional extraordinario al Impuesto a las Ganancias para empresas que ofrecen servicios de juegos de azar y apuestas, tanto en línea como presenciales. Esta medida garantiza los recursos necesarios sin desestabilizar el equilibrio fiscal del país.

Finalizando, Carreño subrayó la “urgencia de visibilizar y priorizar la salud mental en la agenda política y social. Con una población donde uno de cada tres argentinos enfrenta problemas psiquiátricos, la reforma se presenta como un paso crucial hacia un sistema de salud mental más inclusivo, efectivo y humano”.