Paraná
Acopia y vende residuos

Paraná: chatarrería ilegal incumple decisión judicial

Los vecinos de calle López Jordán y Circunvalación reclaman desde hace años, por el funcionamiento ilegal del lugar que acopia y vende residuos.

La situación de los vecinos de Circunvalación José Hernández y López Jordán, en Paraná, es gravísima debido al daño que están padeciendo en su salud desde hace más de 12 años, pero también es muy grave la falta de acción de los gobiernos municipales que pasaron hasta ahora por la Intendencia de Paraná.

Se trata de la afectación al medio ambiente y a la salud que provoca la firma cuya razón social es “Las 3E SRL” y es conocida popularmente como “el depósito de Todoni”, que no tiene habilitación municipal.

Es decir que el depósito de residuos peligrosos que recibe deshechos de toda la provincia funciona de manera ilegal. Incluso diversos municipios le venden sus residuos a la chatarrería. Tan grave es la situación que un matrimonio que vive lindante a la chatarrería perdió un bebé, que nació con graves malformaciones genéticas producto de la contaminación.

Otro dato que revela la gravedad de la situación es lo que sucedió cuando se realizó el saneamiento de la Laguna Setubal en Santa Fe. Todo el material contaminante que retiraron de ese curso de agua fue catalogado como incompatible con la vida humana, y como la Municipalidad de Santa Fe no sabía qué hacer con ellos, se hizo una licitación para su disposición final. La empresa ganadora fue la firma “Las 3E” de Todoni y todo ese material vino a parar a ese predio en Paraná, donde nadie sabe qué tratamiento se le dio.

A todo esto, hoy se suma la gravedad del incumplimiento de un fallo judicial por parte de esta empresa. Tras años de reclamos, los vecinos presentaron un amparo ambiental colectivo, que fue aceptado por la vocal de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná, Civil y Comercial, Sala Primera, Gabriela Teresita Mastaglia. La magistrada dispuso el cierre total y definitivo de la planta en ese lugar. Con posterioridad, el Superior Tribunal de Justicia confirmó ese fallo.

Paralelamente, hay una acción administrativa del gobierno provincial por incumplimiento de una resolución de Medioambiente que disponía la clausura del lugar hasta tanto no se efectúe un estudio de impacto ambiental.

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