Dicha Cámara anuló la resolución del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná que había rechazado –por mayoría- el pedido que realizaron los fiscales después de que la Sala Penal de Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazara el recurso de Impugnación Extraordinario de las defensas, dejando la sentencia al borde de adquirir firmeza y ejecutabilidad.

La jueza –tras aclarar que en la audiencia se discutían medidas de coerción porque la sentencia no está firme aún- les indicó a las defensas que el Habeas Corpus no era la vía adecuada, que debió dirigirse directamente a la Sala Penal del STJ, que es la vía procesal procedente.

Además rechazó los planteos de inconstitucionalidad que formuló la defensa de Urribarri por genéricos, y ordenó que se oficie al Servicio Penitenciario para que disponga que la medida de coerción más grave aplicada a los imputados se cumpla en una celda o calabozo que esté separado de los presos con condena firme.

La jueza contestó a las expresiones de las defensas que catalogaron de diversas maneras negativas al fallo, destacando que la detención ordenada por la Casación fue "ilegal", que no se trató de disponer “una detención ilegal”, agregando que se podía cuestionarlo por infundado o inconstitucional, pero sostuvo que fue dictado dentro de las normas vigentes.

Lo rechazó en principio porque, como sostuvo Fiscalía, la razón del mismo, en este caso, no alcanzó a ser comprendida por los artículos de la Ley de Procedimientos Constitucionales que exige se cumplan aquella herramienta de carácter excepcional.

Y en segundo orden porque entendió que las defensas atacan los argumentos de la Cámara de Casación en un aspecto erróneo porque aquella no emitió la condena de la que derivaron todos los peldaños posteriores. De este modo fundamentó, que el habeas corpus “no es procedente para analizar” una resolución judicial y remarcó que “la sentencia que no está firme no es ejecutable”.